Casi tres mil uniformados de la Policía han sido sancionados durante el primer semestre de este año. De ellos, 524 han sido expulsados de la institución. El general Carlos Ramiro Mena, inspector general de la Policía, le dijo a EL TIEMPO que la meta es recuperar la confianza de ciudadanía.
¿Qué se está haciendo frente a los casos de corrupción dentro de la Policía?
Estamos trabajando en una política llamada Transparencia Policial, que tiene dos frentes, con dos grandes objetivos. Lo que queremos es que los colombianos crean en la Policía y confíen en ella, ese es nuestro gran objetivo y para eso estamos fortaleciendo una política preventiva para evitar que ocurran los hechos que afectan a la Policía, y no reaccionar frente al escándalo.
¿Cómo funciona esa política?
Hay una actuación institucional muy fuerte, que se basa en el cruce de las bases de datos. Los nombres de todo nuestro personal los enfrentamos con la base de datos de la Fiscalía el año pasado, y nos encontramos con policías que tenían órdenes de captura y estaban activos y nosotros no lo sabíamos.
Cruzamos la base de datos de la Dian y encontramos declaraciones de renta con unos patrimonios que nuestros sueldos no podían permitir. Hicimos lo mismo con la Procuraduría; ellos abren investigaciones y no nos notifican, y allí también nos encontramos varias sorpresas.
¿Quiénes se encargan de hacer estos controles?
Nuestra política cubre cuatro dimensiones. La primera se basa en los derechos humanos, donde, entre otros, se habla de la protección de los líderes sociales y el uso de la fuerza. Tenemos 174.210 policías capacitados en este tema.
Tenemos además el área de asuntos internos, con una gran capacidad de inteligencia, de policía judicial, de control interno y de todo el aparato investigativo.
Además, contamos con la línea de atención y servicio al ciudadano, donde se reciben las denuncias de la comunidad. A la fecha, hemos recibido 27.548 quejas y reclamos, a los que se les hace seguimiento.
¿Cuál es el proceso cuando se detectan estos casos?
Primero, abrimos investigaciones disciplinarias internas e informamos a la Fiscalía para que realice las respectivas investigaciones penales. El 98 por ciento de las capturas de policías que hace la Fiscalía han sido por nuestra propia denuncia.
¿Por qué esperan a que se capture a los uniformados y luego los destituyen?
La Fiscalía nos solicita que no se destituyan mientras se recopila todo el acervo probatorio en su contra. La idea es no ponerlos sobre aviso y así evitar que evadan la justicia. Sin embargo, reconozco que cada captura de un policía es un golpe grande a la confianza de la ciudadanía.
¿Cuántas capturas se han realizado este año?
Judicializados por nosotros van 281 uniformados. 67 menos que el año pasado. Se han destituido 524, contra los que hay un proceso penal; muchos van a parar a las cárceles comunes. Aquí se llevan los procesos por actos que no están dentro del servicio, como atracos, hurtos, extorsiones.
En total hemos sancionado 2.894 uniformados, que, para bien de la institución, no alcanzan a representar el uno por ciento de los miembros de la institución.
¿Cómo se desarrolla el proceso disciplinario?
Estamos disciplinado a nuestros policías a través de audiencias verbales públicas. El proceso disciplinario puede tardar entre dos y cuatro años; la audiencia verbal se demora máximo 90 días. En ese tiempo emitimos un fallo disciplinario con todas las garantías procesales.
¿Cómo sustentan esas investigaciones?
Estamos usando el polígrafo, no a los 180.000 policías porque es imposible, pero si a aquellos que ocupan cargos sensibles, como jefes de inteligencia, de policía judicial, a los que están en contratos. Las cámaras, grabaciones en video nos sirven para sustentar investigaciones; y en otros casos, para nuestra defensa en hechos del servicio. También nos estamos apoyando en el uso de drones.
¿Cómo se está supervisando a las unidades municipales y departamentales?
Estoy viajando a cada punto, por distante que sea, para realizar una auditoría a cada unidad de Policía. Se evalúan desde la aplicación del Código de Policía hasta las actuaciones del Gaula, la Sijín, el Tránsito, y tomamos decisiones como abrir investigaciones disciplinarias, copias con alcance penal; y en algunos casos retiramos al uniformado de la institución porque se le perdió la confianza.
¿Se están investigando irregularidades en contratos o ejecución del plan de gastos en cada unidad?
Si, por primera vez estamos relacionando a las investigaciones a los oficiales, jefes que por el nivel del cargo son coroneles; ellos son los encargados de firmar y direccionar los dineros
Fuente: El Tiempo