Mientras la crisis económica arrecia con una inflación despiadada, el escepticismo domina y en ciudades como Caracas, Maracaibo o San Cristóbal no hay ambiente de campaña.
«No voy a votar porque no creo en la transparencia del CNE (Consejo Nacional Electoral)», dijo a la AFP Nerver Huerta, diseñador gráfico de 38 años.
Maduro encuentra el camino despejado luego de que las tres agrupaciones que inclinan la balanza en la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) rechazaran participar por «falta de garantías».
Pero otras organizaciones y dirigentes opositores compiten por cuenta propia.
Quienes rechazan ir a las urnas tildan de «fraudulentos» los comicios del 15 de octubre, en los que el chavismo arrasó con 18 de 23 gobernaciones.
Cambio de centros de votación a última hora, adulteración de actas y clientelismo adujeron los partidos de Henrique Capriles, Leopoldo López -en arresto domiciliario- y Henry Ramos Allup para marginarse.
Su objetivo son las presidenciales de fines de 2018, que según analistas y líderes opositores podrían adelantarse al primer trimestre.
«La ausencia de los principales partidos y la presión de la maquinaria chavista hacen inviable que la oposición pueda mantener siquiera la mitad de las alcaldías que controla», dijo a la AFP Eugenio Martínez, experto electoral.
Al contrario, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) «mejorará sus cuotas de poder», añade.
De los 335 municipios que elegirán alcaldes por cuatro años, el oficialismo gobierna 242 y la oposición 76. Los demás son manejados por disidentes o independientes.
«Escenario demoledor»
La derrota opositora en las elecciones de gobernadores -con alta abstención de sus partidarios- acentuó las divisiones en la MUD.
Dirigentes como Capriles dejaron la coalición cuando cuatro gobernadores electos por el partido de Ramos Allup se juramentaron ante la Asamblea Constituyente chavista que rige con poderes absolutos.
Dicha instancia, desconocida por la MUD y varios gobiernos, exigía a los ganadores subordinarse a su autoridad, requisito que también tendrán los alcaldes.
Por negarse, la elección de un candidato de Capriles fue anulada.
«No son elecciones, sino adjudicaciones», señaló a la AFP la exdiputada María Corina Machado, quien afirma que votar es reconocer a la Constituyente y una «traición» tras la muerte de 125 personas durante protestas contra Maduro entre abril y julio.
«Intentarán robarse el voto, pero no lo vamos a regalar», justificó a la AFP Yon Goicoechea, aspirante a la alcaldía de un municipio caraqueño, contrariando al partido de López, al que abandonó para unirse a otra organización.
Cree que hay que «defender los espacios» de la oposición.
El analista Luis Vicente León advierte de un «escenario demoledor» para la oposición, pues «ni habrá una abstención masiva» que deslegitime el proceso, «ni un triunfo relevante» de quienes decidieron competir.
«Estaré ahí»
Sin mucho que perder, las votaciones de alcaldes serán un nuevo test para Maduro de cara a las presidenciales, en las que según su vicepresidente, Tareck El Aissami, buscará la reelección pese a su baja aprobación (20%).
La perspectiva del anticipo de elecciones presidenciales se sustenta en que Maduro, con influencia en el CNE, intentará aprovechar las fracturas opositoras.
Aunque se muestra cohesionado, el chavismo tiene sus propios quiebres por una cruzada anticorrupción en la petrolera PDVSA, en medio de la cual su poderoso expresidente Rafael Ramírez renunció como embajador ante la ONU por pedido del mandatario.
Algunos opositores plantean acelerar la elección de un candidato único, mientras la MUD exige garantías para las presidenciales en negociaciones emprendidas con el gobierno hace una semana.
Pero en la oposición tampoco hay consenso en torno a esos esfuerzos de diálogo.
Aun cuando la base electoral del PSUV luce estancada, su movilización -vinculada a lo que analistas definen como una «estructura clientelista»- rinde frutos.
«El presidente a pesar de todo me ha ayudado, no puedo ser desagradecido. Votaré el domingo, y si hay que reelegirlo, estaré ahí», dijo a la AFP William Lugo, de 65 años, mientras gestionaba el pago de un bono navideño que el gobierno está entregando a cuatro millones de personas.