La mitad de los cultivos de coca en Colombia están en apenas 10 áreas de Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Cauca, según la Fundación Paz y Reconciliación.
Diez municipios colombianos cumplen las mismas tres características que tienen hoy al municipio de Tumaco sumido en una profunda crisis humanitaria y de seguridad: concentración de la casi la totalidad de la cadena del narcotráfico, aparición y expansión de nuevas estructuras criminales y estigmatización al movimiento social y campesino.
Esa es la principal conclusión del informe revelado este miércoles por la Fundación Paz y Reconciliación que lanza un llamado de alerta ante la difícil situación que se vive en el municipio nariñense que ocupa el puesto del que más cultivos de coca tiene en el país y en el que el pasado 5 de octubre fueron asesinados siete campesinos en un confuso ataque cuando protestaban por la erradicación forzosa.
(En contexto: Tumaco a la espera de justicia tras ataque de la Policía)
«En Tumaco no solo se concentran los cultivos de hoja de coca, también allí las cocinas o laboratorios de clorhidrato de cocaína se cuentan por centenares, además al ser zona de frontera se convierte en municipio de salida de droga. Es decir, en un pequeño territorio se concentra gran parte de la cadena criminal del narcotráfico. Por eso este territorio es tan apetecido. En otros territorios del país se puede decir que en unas zonas quedan los cultivos, a decenas de kilómetros están las cocinas y la frontera se encuentra a centenares de kilómetros», detalla el documento.
El informe señala que la concentración de cultivos ilícitos preocupa en al menos otros 10 municipios del país que -contando a Tumaco- reunen el 50% de los cultivos: Tumaco (16%); Tibú (9%); Puerto Asís (5%); El Tambo (4%); Valle Del Guamuez (3%); Sardinata (3%); El Tarra (3%); Barbacoas (2%); San Miguel (2%) y Orito (2%). Lea también: Un problema duro de erradicar en Tumaco
Se trata de zonas en las que el área cultivada con coca pasó de 45.748 hectáreas en 2015 a 70.579 en 2016. Con un factor adicional: «estos territorios tienen al menos dos características comunes, son municipios fronterizos y son lugares en los que existe dos o más grupos armados ilegales, es decir son territorios en los que hay disputa por el control territorial y la presencia del Estado colombiano ha sido precaria».
Para León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, es urgente realizar acuerdos especiales de paz en esos 10 municipios antes de que sea tarde: «falló la estrategia del Gobierno (…) con una estrategia errada que era presión sobre los campesinos cocaleros y no oferta de negociación (…) las comunidades y las organizaciones cocaleras en esa zona están la mayoría dispuestas a negociar» y a sustituir sus cultivos.
De hecho, el informe hace énfasis en la urgencia de que exista una acción estatal más contundente e integral en dichos municipios pues la masacre de los campesinos ocurrido en Tumaco dejó en evidencia «las fuertes deficiencias del enfoque de la lucha contra las drogas emprendida por el estado colombiano bajo directrices internacionales. Es esta política la que arrinconó a policías y campesinos a enfrentarse entre sí y la que no ha permitido fortalecer las relaciones entre fuerza pública y comunidades».
El documento de Paz y Reconciliación sostiene, además, que mientras el problema «siga siendo tratado como alteración de orden público y la estrategia sea la intervención de la fuerza pública por medio de la erradicación forzosa, en los territorios se generarán más tensiones que resultados», razón por la cual el llamado es a aprovechar que las asociaciones cocaleras han manifestado su interés de sustituir voluntariamente. «Estas acciones deben estar acompañadas de un paquete integral, en el cual se consideren los planes productivos que apalancan la sustitución, pero también la mejora de lascondiciones del entorno para que los programas sean sostenibles en el tiempo», detalla.
En el caso de Tumaco el panorama preocupa pues la lucha por el control territorial, por la incidencia sobre franjas de población civil y organizaciones sociales y comunitarias y por el control sobre rutas, plantaciones, procesamiento y comercio de los productos finales en la economía ilegal, «está entrando ahora en una fase de alianzas y reagrupamientos, del cual uno de los resultados es el grupo “Oliver Sinisterra”, que se perfila como un grupo que va a prevalecer y va a controlar a otros más pequeños, por lo menos, en la Zona de Alto Mira y Frontera».
En ese sentido, el informe plantea una serie de medidas a corto, mediano y largo plazo para aliviar la crisis que se vive en el municipio partiendo de la premisa de que las políticas y medidas económicas en esta región del país no han sido acertadas como tampoco lo ha sido la forma de implementación del acuerdo de paz.
En términos de seguridad, por ejemplo, se propone la creación de una mesa técnica permanente y de alto nivel que derive en una nueva forma de relacionamiento entre la Fuerza Pública y las comunidades y que permita replantear las estrategias de seguridad que han fracasado hasta el momento. «De hecho, cabe examinar cuales han sido las razones de la poca o nula efectividad que ha tenido el “plan piloto” de seguridad para Tumaco, liderado por un cuerpo élite de la Policía, sobre el cual no se tienen noticias de sus acciones para mejorar la situación que atraviesa el municipio», reza el texto.
por: Marcela Osorio Granados /@marcelaosorio24